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OPINIÓN
La oportunidad perdida de Petro
en política de drogas
Por Andrés Felipe Anaya Arenas Representante Legal, Fundación OJEA
Barranquilla, 2025
Los alcaldes locales y gobernadores no están sintonizados con el gobierno nacional actual, esto supone grandes retos en la gobernabilidad regional y en materia de drogas ha supuesto la pérdida de una oportunidad de oro por aplicar un enfoque novedoso basado en reducción de daños y derechos humanos.
El gobierno ha perdido margen de acción y ha desgastado su capital político, sin embargo, cuenta con una ventana de oportunidad, que aunque limitada, le permitiría ajustar la situación en materia de drogas en entornos rurales y urbanos, lo que supondría una verdadera apuesta de paz y una victoria que al menos en el marco de la regulación del consumo de uso adulto encontrará apoyo en todos los sectores políticos y la academia experta en temática de drogas.
EL DISCURSO INTERNACIONAL DEL GOBIERNO PETRO
Si algo hay que reprocharle al gobierno de Gustavo Petro, ahora que va de salida, es su falta de gestión interna. Este mandato se ha destacado por posicionar a Colombia en la escena internacional de la que nos había relegado el anterior periodo presidencial.
Sin embargo, ese discurso que se ha hecho un espacio en la comunidad internacional no se corresponde con lo que los gobiernos subnacionales hacen en el territorio.
Colombia se viene presentando como el país líder en materia de reducción de daños a nivel internacional, la realización de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños 2025 (HR25) en el mes de abril así lo señaló.
Sin embargo, la realidad a nivel interno es muy distinta. Décadas de política criminal y persecución de las drogas nos dejaron un lastre cultural en las lógicas de la administración pública y la sociedad que será un reto a superar.
La reducción de daños es "un enfoque que busca atender o minimizar el círculo de violencias que causa la prohibición de las drogas para las personas que las usan. Parte de una premisa fundamental: los derechos humanos", así lo señalan Pereira Isabel y Pérez Sergio para Dejusticia. Esto se logra a través del enfoque en la atención, en lugar de la criminalización.
El gobierno nacional volvió a colocar a Colombia a la vanguardia por el cambio del paradigma mundial de la lucha contra las drogas. Ha puesto al país a hablar de "tú a tú" con las autoridades norteamericanas, y muy a pesar de las constantes tensiones con nuestro mayor socio comercial.
Ese discurso que aboga por el "Support Don't Punish" en instancias multilaterales pierde sentido cuando revisamos que hay más de 30 autoridades subnacionales repitiendo la desgastada lógica del punitivismo más arraigado.
Aunque loable la intención del gobierno, se queda corta al momento de evaluar la situación de estos últimos tres años. Los hechos demuestran que no logramos avanzar en mayores logros y prácticamente estamos en el mismo lugar en el que empezamos 2022.
La desconexión de los gobiernos locales con el nacional es evidente en materia de maniobra a nivel regional. Los alcaldes de las principales ciudades del país cerraron filas contra la administración nacional, a pesar de las limitaciones presupuestales que esto supuso.
Así mismo se vería reflejado en la política de drogas, en la que no sólo tuvimos gobiernos locales sin visión. También tuvimos un gobierno nacional incoherente, que no terminó de implementar el PNIS, reavivó las erradicaciones manuales con glifosato y dejó la puerta abierta a la reanudación de erradicaciones por aspersión aérea.
Esta situación nos demuestra un ejemplo más de políticas públicas de drogas diseñadas e implementadas de espaldas a la sociedad civil. Y por si fuera poco, alejada también de todo concepto técnico y científico en la materia, que sólo se guía por la ya arraigada lógica de guerra.
CASOS CONCRETOS: ATLÁNTICO Y BARRANQUILLA
El pasado cuatro de mayo el Consejo Seccional de Estupefacientes, organismo interadministrativo encargado de articular la política de drogas en el departamento del Atlántico, publicó la nueva política de drogas proyectada para el periodo 2025-2027.
Esta nueva política se estructura a partir de dos ejes principales, uno llamado "Oxígeno" el cual consiste en medidas de educación en prevención del uso de drogas para menores estudiantes de colegios; y un segundo eje llamado "Asfixia" que consiste en la persecución criminal de los expendedores de drogas de uso ilícito, es decir, se plantea una nueva política de drogas que no trae nada nuevo, más persecución criminal del consumo y estigmatización.
Así mismo, la Alcaldía Distrital de Barranquilla expidió en enero de 2024 el Decreto 0026 que regula los numerales 13 y 14 del Artículo 140 del Código de Policía. Esta regulación no debería representar mayor problema debido a que la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-127 de 2023 dictó las directrices, con enfoque de derechos y reducción de daños, para que los alcaldes ejercieran su facultad reglamentaria, a pesar de esto, y de que el Ministerio de Justicia expidió el "Protocolo para la regulación de la restricción al porte y consumo de sustancias psicoactivas (SPA)". Los alcaldes locales expidieron reglamentaciones totalmente contrarias, que en el caso de Barranquilla, impone un límite de prohibición absoluta del porte y consumo de hasta la dosis mínima en un perímetro de 100 metros de toda institución educativa y elemento constitutivo del espacio público.
IMPACTO Y CONSECUENCIAS DEL ENFOQUE PUNITIVISTA LOCAL
En su aplicación el Decreto 0026 prohíbe el consumo y porte de toda sustancia en la vía pública, reviviendo las disposiciones declaradas condicionadas por parte de la Corte Constitucional. Al revisar las cifras de imposición de comparendos se evidencia lo que cada joven de la ciudad nos cuenta al hacer un breve sondeo: desde la expedición del Decreto los informes de gestión de la Policía Metropolitana de Barranquilla —MEBAR— señalan que para 2024 se presentaron 54.597 órdenes, de las cuales corresponden al Artículo 140 unas 8.911 órdenes, mientras que para la vigencia 2023 se realizaron 49.342 órdenes de comparendo, de las cuales corresponden al Artículo 140 tan sólo 4.090 órdenes.
Por lo que se evidencia que el aumento de la cifra de comparendos en la ciudad se corresponde casi con exclusividad a aquellos relacionados con el consumo y porte de SPA en el espacio público, lo que no sólo replica las lógicas punitivistas, sino que carga injustificadamente la administración pública, en específico, las inspecciones de policía, que deben tramitar este nuevo flujo de casos, muchas veces abiertamente arbitrarios si se revisan al margen de lo dictado por la Corte Constitucional.
A pesar de esta situación, el gobierno nacional aún tiene margen de maniobra para corregir el rumbo. Por un lado aún puede impulsar un PAL de regulación del uso adulto de cannabis junto con el capital legislativo que le queda, una iniciativa que ya había impulsado el Representante por Bogotá del partido Liberal Juan Carlos Losada, pero que los egos partidistas impidieron su feliz término del tránsito legislativo. Esta opción, ante los limitados tiempos del Congreso, corre un alto riesgo de volverse a hundir.
Por otro lado, la posibilidad de regular los clubes cannábicos que ante los claroscuros de la legislación actual funcionan en una zona de tiniebla regulatoria en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali. Experiencias que ya se han vivido en países como Uruguay, y muestran resultados de éxito al eliminar una de las fuentes de financiación del crimen organizado.
UNA DEUDA PENDIENTE
Ambos escenarios representan un pequeño margen de maniobra, pero relevante al momento de colocarlo en el escenario de desaprovechamiento del capital político del gobierno para impulsar las apuestas políticas por las que fue elegido.
Gustavo Petro mantiene una deuda con cada campesino encarcelado por cultivar coca, con cada mujer entre rejas por delitos de drogas, con cada consumidor criminalizado y marginalizado, con cada víctima de esta guerra sin sentido que encuentra en las lógicas punitivistas del consumo un obstáculo más para hacer su vida con dignidad, con esa misma promesa de dignidad con la que se hizo elegir este gobierno. Pero aún tiene tiempo de corregir y apostar por poner la casa en orden en materia de política de drogas.
Andrés Felipe Anaya Arenas
Investigador Fundación OJEA - aanayaf@ojeaatlantico.lat
Sigue la investigación en la sección de publicaciones de nuestra página web.
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