Opinión · Seguridad urbana

Barranquilla no tiene un problema de policías. Tiene un problema de Estado.

Más drones, más capturas, menos tiempo de respuesta: y aun así, 493 homicidios en un año. Hay algo que las cifras operacionales no pueden explicar.

Análisis editorial basado en datos de SIEDCO, InSight Crime y La Silla Vacía  ·  Andrés Felipe Anaya Arenas . Mayo 2026

Hay un momento revelador en cualquier crisis de seguridad: cuando los indicadores de eficiencia policial mejoran y la violencia también empeora. Barranquilla llegó a ese momento. La Policía Metropolitana redujo su tiempo de respuesta de quince a ocho minutos. Las capturas aumentaron. El sistema de videovigilancia con inteligencia artificial cubre más territorio que antes. Y en 2024, la ciudad registró 493 homicidios, un salto del 31,47% que la convierte en un caso atípico incluso dentro de Colombia, donde la tendencia nacional fue casi plana.

+31,47%homicidios en Barranquilla en 2024, mientras el país registraba una variación de apenas -0,44%

Este contraste no es un accidente estadístico. Es la señal más clara de que el problema no está donde se ha buscado. La narrativa dominante —más recursos, más tecnología, más presencia— es seductora porque produce resultados visibles a corto plazo. Pero no toca las causas.

"La crisis no es un suceso aislado ni un problema de capacidad operacional. Es la culminación de un vacío de poder y una transición inconclusa que se vislumbraba desde 2016."

Cuando las FARC se desmovilizaron, el Estado colombiano logró algo históricamente difícil: un acuerdo de paz con su principal grupo armado. Lo que no logró —y aquí reside el problema que Barranquilla paga hoy— fue ocupar el espacio que dejó esa desmovilización con instituciones, con presencia social, con alternativas reales para las comunidades que habían convivido con la economía del conflicto. Otros lo ocuparon. El crimen organizado no espera.

Así lo advierte Garcia (2026) para InSight Crime al analizar el laberinto de la Paz Total: la reconfiguración criminal que siguió al acuerdo no encontró respuesta estatal en términos de política social. Fontalvo y Vargas (2026) lo confirman para el caso barranquillero: crimen organizado y crisis social son, en la ciudad, dos caras de la misma moneda.

La pandemia interrumpió brevemente esa tendencia. Pero cuando el mundo volvió a moverse, la violencia criminal retomó su marcha casi exactamente donde la había dejado, con una diferencia: la fuerza pública y las instituciones salían del confinamiento con menor legitimidad, particularmente en los sectores más pobres de la ciudad, marcados por lo que ocurrió durante el Paro Nacional.

La crisis de seguridad no se explica solo por enfrentamientos entre bandas; se manifiesta en conflictos cotidianos que ya no se resuelven a través de las instituciones, sino a través de la fuerza. El despliegue operativo en Barranquilla es innegable: solo en 2025, la ciudad registró 5.268 capturas, respaldadas por una inversión tecnológica que redujo el tiempo de respuesta policial. Sin embargo, este récord de operatividad convive con una realidad inquietante: la justicia no llega al mismo ritmo que la patrulla. Una población con mayor acceso a armas y menor confianza en el sistema legal no necesita estar afiliada a ningún grupo criminal para ser parte del problema. Cuando el Estado limita su presencia a la captura y el patrullaje, ignora que la verdadera seguridad se construye recuperando la legitimidad en los barrios, no solo llenando las celdas de paso.

El enemigo no es la inseguridad. El enemigo es la informalidad, la impunidad y la desconfianza. La inseguridad es solo su síntoma más visible.

¿Qué significa entonces atacar las causas? Significa reconocer que atender las necesidades básicas insatisfechas —empleo, vivienda, educación, formalidad económica— no es un gesto humanitario sino una política de seguridad. Significa diseñar una política criminal que trate el consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un delito que llena cárceles sin reducir mercados. Significa, sobre todo, recuperar la confianza de comunidades que aprendieron a resolver sus problemas sin el Estado porque el Estado nunca llegó. 

El alcalde tiene herramientas para esto. La ley colombiana lo inviste de una autonomía operacional real: puede impartir órdenes de servicio, disponer la vigilancia, coordinar las fuerzas de seguridad en su jurisdicción. Pero esa autonomía operacional solo produce resultados sostenibles si va acompañada de una agenda social que cambie los incentivos de quienes hoy encuentran en el crimen la única economía disponible.

Barranquilla no necesita más prueba de que sus policías responden rápido. Necesita una respuesta a la pregunta que los drones no pueden contestar: ¿por qué hay tantos jóvenes para quienes el riesgo de unirse a una banda es menor que el riesgo de quedarse sin nada?

Andrés Felipe Anaya Arenas

Investigador Fundación OJEA - aanayaf@ojeaatlantico.lat 

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